La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) investiga a dos grandes compañías de decesos por la concentración de sus divisiones funerarias sin contar con la preceptiva autorización previa. Este tipo de actuaciones se conocen como ‘gun jumping’, es decir, realizar la operación antes de que haya sido autorizada.
La CNMC estudiará también si Mapfre y Santa Lucía, protagonistas de la fusión y que representan casi el 50% del sector, se coordinaron previamente para llevar a cabo esta acción. Y si suministraron a las autoridades «información incompleta, incorrecta, engañosa o falsa«.
«Las prácticas afectarían a los mercados de seguro de decesos y de prestación de servicios funerarios integrales y podrían constituir infracciones de los artículos 62.3 d), 1.1 y 62.2 c) de la LDC. Dichas prácticas se habrían desarrollado tanto antes como después de la notificación de la operación de concentración a la CNMC», han resaltado desde el organismo, que recupera su actividad inspectora. Durante el estado de alarma se habían detenido este tipo de actividades, que ahora se retoman.
Concentración de funerarias sin previo aviso, una infracción muy grave
Si en la investigación de las supuestas conductas anticompetitivas se encontrasen indicios de prácticas prohibidas por la Ley de Defensa de la Competencia, se procederá a la incoación formal de expediente sancionador.
Como destacan desde la CNMC los acuerdos entre competidores constituyen una infracción muy grave de la legislación de competencia, que puede conllevar multas de hasta el 10% del volumen de negocios total de las empresas infractoras.
La mayor red de funerarias de la península ibérica
Tras la operación, valorada en 322 millones de euros, el grupo resultante de la fusión de las filiales de Mapfre y Santa Lucía se convertiría en el mayor de toda la península ibérica. Tendría, de este modo, la red más amplia de tanatorios, crematorios y cementerios privados.
La CNMC, según informan diversos medios, ya habría puesto la lupa sobre este movimiento en febrero. Pero la pandemia y el estado de alarma paralizaron el estudio de un movimiento corporativo tras el cual Mapfre controlaría el 25% de la entidad y Santa Lucía el otro 75%. La plantilla total ascendería a 1.650 personas y la flota motorizada a unos 750 vehículos.
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