El Consejo de la Competencia de Andalucía ha dictado una sanción de más de un millón de euros a siete empresas funerarias de Huelva por «abuso de posición de dominio al negarse a alquilar a otra compañía del sector, de manera reiterada e injustificada salas de velatorio en los tanatorios que gestionan para propiciar su exclusión del mercado», tal y como señala El Independiente.
El Grupo Funerario Borrero SLU fue quien presentó en 2017 la denuncia contra las empresas Servisa y Tanatorios del Atlántico SL, al señalar que le estaban denegando la prestación de servicios, además de aplicar tarifas discriminatorias en otros mortuorios de la provincia.
La sanción también se ha hecho extensible a Dolfina Rociana SL y a Letimar Niebla SL, por un posible abuso de posición dominante, según recoge el artículo 2 de la Ley de defensa de la competencia. El expediente sancionado concluye con la imposición de 1,1 millones de euros a cinco empresas y las dos concesionarias citadas, distribuyéndose de tal manera: Servisa tendrá que pagar 902.785 euros; Tanatorios de Huelva, 92.501 euros; Previpaz, 66.699 euros; Tanatorio-Crematorio de Cartaya, 9.824 euros; Tanatorios del Atlántico, 5.657 euros, Dolfina Rociana, 1.794 euros, y Letimar Niebla, 1.019 euros.
Perjuicios para el consumidor
Según señala Facua, la sentencia recoge que este comportamiento no ha tenido solo efectos perjudiciales para la empresa a la que se denegó el servicio, sino también para el consumidor, que «ve dañado su derecho a elegir libremente la empresa funeraria con la que contratar el servicio».
Al haber sido recurrida y una vez agotada la vía administrativa, la última palabra la tendrá el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
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